NUEVA YORK/Almomento.net.- El uso de localizadores electrónicos o “grilletes ó brazeletes” como medidas de coerción sería empleado en la República Dominicana próximamente, tal como se usan en Estados Unidos y otras naciones desarrolladas.
Este jueves el procurador general de la República Dominicana Radhamés Jiménez Peña, recibió del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), el informe del Plan Piloto (monitoreo) de localizadores electrónicos como medida de coerción, que demuestra que este dispositivo puede ser aplicada en el país caribeño.
La entrega fue hecha por el Comisionado de Justicia y vicepresidente ejecutivo de la CONAEJ, Alejandro Moscoso Segarra, durante un acto en el que estuvo presente el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta.
Tras recibir el documento el magistrado Jiménez Peña calificó de positiva la iniciativa del Comisionado del CARMJ y el CONAEJ y anunció que convocará a la realización de un seminario para discutir su implementación.
Planteó la importancia de que participen en el seminario, además del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Jueces, Fiscales y Oficiales de policías.
Dijo que de llegarse a un acuerdo se convocará a una licitación internacional para escoger la compañía que ofrecería el servicio de los brazaletes ó grilletes.
Moscoso Segarra dijo que la implementación de esta medida busca medir los niveles de factibilidad del brazalete o localizador a los imputados que estén recluidos en su domicilio, establecimiento de salud o en determinado territorio, así como a personas con orden de protección.
Por otro lado, especificó que esta opción implica un costo diario de cuatro dólares, y que sería costeado por el Estado en principio, además de señalar que la medida no es nueva, ya que se desarrolla en otros países, como en Estados Unidos, Argentina, Chile, Panamá y en la Unión Europea.
El plan piloto se desarrolló en la provincia Santo Domingo, el cual incluye una muestra inicial de 10 brazaletes, siete para imputados de delitos menores y tres para casos de violencia intrafamiliar.
Este jueves el procurador general de la República Dominicana Radhamés Jiménez Peña, recibió del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), el informe del Plan Piloto (monitoreo) de localizadores electrónicos como medida de coerción, que demuestra que este dispositivo puede ser aplicada en el país caribeño.
La entrega fue hecha por el Comisionado de Justicia y vicepresidente ejecutivo de la CONAEJ, Alejandro Moscoso Segarra, durante un acto en el que estuvo presente el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta.
Tras recibir el documento el magistrado Jiménez Peña calificó de positiva la iniciativa del Comisionado del CARMJ y el CONAEJ y anunció que convocará a la realización de un seminario para discutir su implementación.
Planteó la importancia de que participen en el seminario, además del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Jueces, Fiscales y Oficiales de policías.
Dijo que de llegarse a un acuerdo se convocará a una licitación internacional para escoger la compañía que ofrecería el servicio de los brazaletes ó grilletes.
Moscoso Segarra dijo que la implementación de esta medida busca medir los niveles de factibilidad del brazalete o localizador a los imputados que estén recluidos en su domicilio, establecimiento de salud o en determinado territorio, así como a personas con orden de protección.
Por otro lado, especificó que esta opción implica un costo diario de cuatro dólares, y que sería costeado por el Estado en principio, además de señalar que la medida no es nueva, ya que se desarrolla en otros países, como en Estados Unidos, Argentina, Chile, Panamá y en la Unión Europea.
El plan piloto se desarrolló en la provincia Santo Domingo, el cual incluye una muestra inicial de 10 brazaletes, siete para imputados de delitos menores y tres para casos de violencia intrafamiliar.
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